Reforma local disminuye el periodo para la interrupción legal del embarazo y establece penas de prisión

En una decisión controvertida, el Congreso estatal aprobó una reforma constitucional que reduce el plazo para la interrupción legal del embarazo de 12 a seis semanas, contraviniendo una resolución previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La nueva normativa, que incluye penas de uno a tres años de prisión para quienes incumplan la ley, fue respaldada por 19 legisladores, con seis votos en contra y dos abstenciones durante una sesión extraordinaria.

La propuesta, impulsada por la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel, se presentó como una respuesta a la resolución de la SCJN de diciembre de 2022, que había despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad. En su momento, la gobernadora prometió a los grupos conservadores que promovería medidas para proteger el derecho a la vida, comprometiéndose a revertir la despenalización.

El cambio legislativo, promovido por los diputados del PAN y algunos legisladores de otros partidos, argumenta que el aborto debe estar sujeto a restricciones para proteger la vida humana y prevenir riesgos para la salud. Sin embargo, esta modificación ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos y grupos feministas, quienes consideran que el Congreso está criminalizando y obstaculizando los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Antes de la votación, el diputado morenista Juan Carlos Regalado condenó la reforma como una grave afrenta a los derechos humanos y anticipó que la SCJN podría invalidar la medida. La nueva legislación ha suscitado manifestaciones fuera del Congreso, con pancartas y consignas en rechazo a la reforma.

La SCJN ya había intervenido anteriormente en esta materia, obligando al Congreso a despenalizar el aborto, y organizaciones como GIRE han recordado que esta nueva reforma contradice el avance logrado hace un año. La medida ha generado un fuerte debate sobre los derechos reproductivos y el papel del poder legislativo en la regulación de estos temas.