En una situación inédita en México, jueces y fiscales han protagonizado una serie de confrontaciones públicas, que van desde acusaciones de actos de corrupción hasta la exposición de deficiencias en sus respectivas labores, especialmente cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pierde casos emblemáticos en los tribunales.

El más reciente episodio de esta confrontación se dio en torno al caso del Viaducto Bicentenario, donde un juez federal rechazó vincular a proceso a siete personas acusadas por la FGR de generar un daño a la Federación por más de 8 mil 400 millones de pesos.

En respuesta, la FGR inició acciones legales contra el juez Daniel Ramírez Peña, considerando la resolución como ilegal. En apoyo al juez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló deficiencias durante el juicio, como la formulación de acusaciones por parte del Ministerio Público que contravienen el sistema de justicia actual.

Este enfrentamiento público entre jueces y fiscales es un fenómeno reciente, marcado por la intervención activa de la Jufed en casos donde consideran que los jueces enfrentan riesgos o que sus decisiones están siendo cuestionadas por la FGR.

Entre los casos que han generado tensiones se encuentran la cancelación de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios como el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. También se destaca el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y la absolución de Ramón Sosamontes Herreramoro, excolaborador de la misma.

Varios jueces que han tomado decisiones adversas a los intereses de la FGR se encuentran bajo escrutinio y son defendidos por la Jufed, lo que refleja una creciente tensión entre los poderes judiciales y ejecutivos en México.