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Expresidente de Bolivia critica elección de jueces por voto popular: "Decisión desafortunada"

Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia, expresó en una entrevista con Aristegui En Vivo su preocupación por el proceso de elección de jueces mediante voto popular en el país, calificándolo como una decisión desafortunada debido a diversos problemas estructurales.

Según Rodríguez Veltzé, la ciudadanía boliviana enfrenta grandes dificultades para conocer a los candidatos que aspiran a ocupar puestos en los principales tribunales, debido a restricciones constitucionales que prohíben a los aspirantes realizar campañas públicas. Esta limitación, combinada con un proceso de preselección en la Asamblea Nacional, donde el partido en el poder tiene una influencia dominante, contribuye a una falta de transparencia y acceso a la información sobre los postulantes.

El expresidente señaló que esta situación dificulta que los ciudadanos puedan evaluar de manera informada las capacidades y méritos de los candidatos judiciales, lo cual compromete la legitimidad y la calidad de la administración de justicia en Bolivia.

El sistema de elección de jueces mediante voto popular fue establecido en la Constitución Política del Estado de Bolivia en 2011, como parte de una reforma para democratizar y transparentar la justicia en el país. Sin embargo, Rodríguez Veltzé indicó que esta modalidad ha mostrado ser ineficaz y susceptible a influencias políticas, lo que compromete la independencia del poder judicial.

En la entrevista, el expresidente también destacó la importancia de reformar el sistema judicial boliviano para garantizar que los jueces sean seleccionados de manera objetiva y profesional, sin influencias partidistas que puedan comprometer su imparcialidad y su capacidad para administrar justicia de manera efectiva.

Las críticas de Rodríguez Veltzé reflejan preocupaciones persistentes dentro y fuera de Bolivia sobre la calidad y la independencia del sistema judicial en el país, subrayando la necesidad urgente de reformas que fortalezcan la confianza pública en las instituciones judiciales y aseguren un acceso equitativo y justo a la justicia para todos los bolivianos.