Eliminación del delito de aborto

Este fin de semana, se ha comenzado a distribuir entre legisladores locales el proyecto de dictamen que propone la eliminación del delito de aborto en la Ciudad de México. De ser aprobado, ninguna mujer será criminalizada por interrumpir su embarazo en cualquier etapa de la gestación. Actualmente, la ley permite el aborto legal hasta las 12 semanas.

El proyecto, que se presentará hoy en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, sugiere eliminar el artículo 130 del Código Penal local que penaliza el aborto. Según el documento, mantener este artículo representa un riesgo para la atención de emergencias obstétricas, ya que puede disuadir a las mujeres de buscar ayuda por miedo a consecuencias legales, lo que pone en riesgo su salud.

Penas por interrupción dolosa

El dictamen especifica que solo se penalizaría con cinco a ocho años de prisión a quienes realicen la interrupción del embarazo de manera forzada y sin consentimiento. En casos donde haya violencia física o moral, las penas se aumentarían a entre ocho y 10 años.

El proyecto de ley ha recibido el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos local, que respalda la eliminación de las sanciones por aborto, excepto en casos de interrupción forzada. Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir también han expresado su apoyo, argumentando que la reforma contribuiría a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

No obstante, el proyecto también enfrenta oposición. La organización CitizenGo ha entregado 9,300 firmas electrónicas en contra de la iniciativa, argumentando que esta reforma legalizaría lo que consideran "el asesinato de los más indefensos".

El dictamen se apoya en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abogan por la libre autodeterminación de las mujeres sobre su propio cuerpo. El documento sostiene que el Estado debe facilitar que las personas accedan a sus planes de vida, eliminando obstáculos discriminatorios y garantizando el derecho a la salud, con el objetivo de evitar que las mujeres continúen un embarazo en contra de su voluntad y en riesgo para su salud.