Paro judicial afecta a internos y familias en reclusorios de la CDMX

Esperas y retrasos

El paro en los juzgados y tribunales de la Ciudad de México ha generado una crisis en el sistema de justicia, afectando a numerosos internos y sus familias. Teresa, madre de un interno, expresó su frustración: Llevamos este tiempo esperando para obtener copia de una audiencia y presentar pruebas de defensa de mi hijo. La falta de atención ha dejado a muchos sin opciones para enfrentar las acusaciones en su contra.

Una encuesta realizada entre los familiares que visitan los reclusorios revela que prácticamente todos manifiestan su descontento por la lentitud en los trámites y la escasa atención. Durante un recorrido por los Reclusorios Norte, Sur y Oriente, se observó a visitantes cargando bolsas con alimentos, agua y artículos de higiene personal, evidenciando las dificultades que enfrentan para mantener el contacto con sus seres queridos.


Abogados y honorarios en aumento

El cierre de los juzgados no solo ha retrasado los procesos legales, sino que también ha incrementado los costos para las familias. Muchos abogados siguen cobrando honorarios a pesar de la suspensión de actividades, lo que agrava la carga económica sobre los familiares de los internos. Además, las demoras en la obtención de copias de las audiencias previas han generado más frustración.

En respuesta a la situación, diversas lonas con mensajes de rechazo a la reforma judicial, promulgada el 15 de septiembre, han sido colocadas en las rejas de los Centros de Justicia Penal Federal. Las protestas exigen respeto por la independencia judicial y los derechos laborales, reflejando la creciente preocupación entre los familiares y defensores de derechos humanos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2023 había 233,277 personas privadas de libertad en México, de las cuales el 37.3% no tenía sentencia. Este aumento del 3.2% en comparación con 2022 subraya la gravedad del problema. De los internos sin sentencia, un 44.3% se encontraba en prisión preventiva oficiosa.

Desde el inicio de la suspensión de labores el 19 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal ha señalado que solo se atenderán casos urgentes, dejando en un limbo legal a miles de internos que esperan su día en la corte. La falta de acción judicial efectiva ha puesto en riesgo el derecho a un juicio justo para muchas personas, generando un clima de desesperación entre las familias afectadas.