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Contaminación de agua en alcaldía Benito Juárez: investigaciones apuntan a filtraciones de petróleo

Vecinos de varias colonias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México enfrentan desde hace más de dos semanas problemas de salud y gastos adicionales debido a que el agua en sus hogares ha mostrado coloración turbia, olor a gasolina y una consistencia oleosa. Las quejas culminaron en una protesta el 9 de abril, llevando al gobierno capitalino a cerrar dos empresas químicas y asegurar un pozo en Álvaro Obregón como medidas preventivas.

Sin embargo, estudios realizados por expertos independientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la empresa Vasa Filtros contradicen la versión oficial, indicando la presencia de sustancias derivadas de petróleo en el agua. José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua y ahora coordinador de la respuesta a esta emergencia, sugiere que Petróleos Mexicanos (Pemex) podría ser la fuente de la contaminación debido a filtraciones de diésel desde ductos subterráneos.

Adicionalmente, investigadoras de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (RED AGUAM) llevaron a cabo análisis físico-químicos que confirmaron la presencia de compuestos orgánicos y derivados de petróleo en muestras recogidas recientemente. Aunque el pH se encuentra dentro de los límites permitidos, la dureza del agua y los compuestos hallados representan un riesgo para la salud de los residentes.

Estos hallazgos han motivado la continuidad de las investigaciones, con más pruebas programadas en colaboración con especialistas de la UAM Cuajimalpa para determinar la concentración de estos contaminantes. Los resultados de estos estudios serán divulgados en el programa de radio de RED AGUAM y por otros medios, mientras los ciudadanos y expertos siguen exigiendo respuestas y soluciones a las autoridades de la Ciudad de México.

El caso plantea serios interrogantes sobre la seguridad del suministro de agua en la capital y las medidas necesarias para garantizar la salud pública frente a riesgos ambientales potenciales.